Por: Myriam Jimeno, profesora titular.
Departamento de Antropología. Centro de Estudios Sociales (CES) – Universidad Nacional de Colombia.

Un estudio que analizó cinco novelas escritas entre 1946 y 1966, los llamados años de La Violencia, revela las representaciones culturales que construyeron una narrativa de esa época, en la que se evidencia que la verdad solo se asumió mediante literatura y no se tradujo en justicia o reparación.

La memoria de las víctimas de hechos de violencia es tema de cada día en Colombia. Hace parte de la agenda de negociaciones con la guerrilla, se trabaja institucionalmente en el Centro de Memoria Histórica, está en la agenda de muchos políticos y es el campo de reivindicación de quienes la sufrieron.

Pero otro fue su manejo en la época de La Violencia (1946 a 1966). Ese fue el interés que me motivó a realizar el trabajo Novelas de la violencia: en busca de una narrativa compartida, el cual hizo parte del Seminario de Pensamiento Colombiano coordinado por el profesor Rubén Sierra Mejía. Ahora integra el Proyecto Ensamblado en Colombia (Universidad Nacional de Colombia, 2013), realizada por la socióloga Olga Restrepo sobre la historia de la ciencia en el país.

En el trabajo se analizaron cuatro novelas y una crónica, seleccionadas de la abundante literatura creada sobre la violencia que tuvo lugar entre 1946 y 1966, cuando se escribieron en Colombia 74 novelas y centenares de cuentos, y se produjo pintura, poesía, fotografía y teatro, en un evidente afán por dar a conocer lo que sucedía.

Las primeras novelas de este tipo datan de 1946 y abundan a partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Para este estudio se seleccionaron cinco textos que se encontraban entre los más conocidos en su momento y cubrían las principales regiones donde se concentró la violencia. Estos textos son: El Cristo de espaldas, de Eduardo Caballero Calderón; Lo que el cielo no perdona, de Fidel Blandón Berrío; Viento seco, de Daniel Caicedo; Sin tierra para morir, de Eduardo Santa; y la crónica La guerrilla del llano, de Eduardo Franco Isaza.

La novela como testimonio

Aunque la novela es definida como una ficción, recoge y trasmite de cierta manera los acontecimientos, refleja las preocupaciones y los afanes de la sociedad, está embebida en las orientaciones culturales del momento y, además, ofrece una interpretación, un lente para valorar lo ocurrido.

La tesis central del trabajo es que la proliferación literaria sobre la violencia evidencia una gran angustia por darla a conocer, por lo cual es interesante detenerse en sus claves interpretativas.

Las novelas son artefactos culturales situados histórica y socialmente. Su fuerza reside en que auspician lo que Edward Said llamó una estructura de actitud y referencia, una forma de interpretar situaciones y guiar sentimientos, pensamientos y acciones futuras. Entonces ¿cuál fue la referencia creada en las novelas de La Violencia en Colombia? y ¿por qué predomina este género? Hay que recordar que estas se escribieron en un clima de intensa confrontación entre liberales y conservadores y ese partidismo es claro en los relatos. En su gran mayoría estas obras adoptaron el punto de vista liberal, es decir, el de las víctimas, el de los perseguidos; describieron con macabra precisión cómo se expandió la violencia por ciertas regiones del país y se detuvieron en detalles terribles de este ejercicio contra las gentes del campo. No hay crueldad que no esté presente, lo que resulta chocante para la sensibilidad posterior. Pero en su exceso reside su eficacia, pues lograron construir un relato verosímil del punto de vista de los perseguidos.

Las crueldades narradas lograron un repudio moral contra los victimarios, los agentes del régimen de gobierno, a quienes señalaron sin tapujos. Asimismo se recalcó la injusticia sufrida por campesinos dedicados a vidas sencillas e inermes frente a las armas, mediante imágenes cristianas del dolor, tales como El Cristo de Espaldas. También se destacó el surgimiento de héroes trágicos, traicionados, que enfrentaron por las armas la defensa de la patria “ensangrentada” como la única opción.

¿Por qué novela? Porque era un lenguaje ya empleado de tiempo atrás en toda América Latina para la denuncia social. Pero también era lo accesible, dada la estricta censura de comunicaciones de la época. Además, se presentaron como documentos testimoniales, soportados en detalles de fechas, autores, lugares y modos de operar, una versión fundada contra la oficial.

Su papel fue contribuir a una conciencia colectiva ofreciendo un panorama sombrío, que deslegitimó las autoridades locales y nacionales y depositó la esperanza en las armas para enfrentar la injusticia. Su regodeo en la crueldad, como el gran recurso simbólico de repudio, se acompañó de la idea de la violencia como una plaga, un desastre natural alimentado por pasiones y odios “ancestrales”. Se deslizó así una semejanza de todos en la barbarie, en la irracionalidad.

Narrativa compartida

Como literatura que circuló de mano en mano y de boca en boca, y también hasta hace poco como literatura escolar, se forjó una narrativa de lo acontecido como una tragedia nacional que ha sido estigma para las élites, como lo propone Augusto Escobar Mesa.

Estas obras conformaron un conjunto que acentúa ciertos rasgos y deja otros de lado, y en ese sentido no se les puede pedir verdad histórica. Pero crearon verdad interpretativa, pues fueron la única opción de denuncia compartida y la voz de las víctimas frente al silencio, impuesto primero y acordado después en los gobiernos del posconflicto.

La expresión artística de la violencia ha sido prolífica entre nosotros, hasta el punto que su inventario es un desafío desmesurado, porque otros canales de expresión de verdad y justicia estuvieron –y han estado– taponados y fueron desprovistos del lenguaje punzante que es necesario para sentirse reparado.

Las élites nacionales y la cumbre de los dos partidos de entonces querían el silencio como parte de un pacto, que si bien permitió reconstruir la gobernabilidad y controlar la confrontación bipartidista, ocultó las heridas de la violencia. Acallar el trauma ha tenido un costo alto para la sociedad colombiana, que se ha desquitado con la deslegitimación de los partidos y la desconfianza profunda en sus instituciones de autoridad y justicia, lo que resulta problemático para la construcción de una ética pública con responsabilidades definidas.

Las novelas de La Violencia dejaron la ambigüedad de una verdad que no se asumió de otras formas públicas ni se tradujo en justicia o reparación. Nos dejaron la ambigüedad de hablar en novela sobre lo que había pasado en realidad.
Edición:

UN Periódico Impreso No. 174

* Tomado de UN Periodico, link: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/la-violencia-y-la-verdad-que-no-se-asumio.html, 4 de marzo de 2014; 1:30 p.m.

Un estudio de la Universidad Nacional revela que en los años 50 un silencio de facto ocultó las heridas y la verdad de los novelistas no se tradujo en justicia y reparación

La investigación de la antropóloga Myriam Jimeno resultan reveladora por las lecciones que hoy no pueden repetirse en aras de la memoria de las víctimas, un tema que está en el centro de las negociaciones de paz con las FARC

El conflicto colombiano en la literatura

Estudio de la antropóloga Myriam Jimeno

ELIZABETH REYES L. Bogotá,  19 FEB 2014 – 00:19 CET

Ahora que Colombia parece estar más cerca de cerrar un conflicto de 50 años con las guerrillas, los resultados de una investigación realizada por la antropóloga colombiana Myriam Jimeno, que revisó en detalle cómo se narró el conflicto colombiano durante la época conocida como La Violencia –un periodo entre 1946 y 1966 en el que se enfrentaron el partido liberal y el conservador–, resultan reveladores por las lecciones que hoy no pueden repetirse en aras de la memoria de las víctimas, un tema que está en el centro de las negociaciones de paz con las FARC. Una de las conclusiones es que un silencio de facto ocultó las heridas y la verdad de los novelistas no se tradujo en justicia y reparación.

Una de las conclusiones es que un silencio de facto ocultó las heridas y la verdad de los novelistas no se tradujo en justicia y reparación.

Según los inventarios, cerca de 74 novelas contaron la extrema violencia que Colombia vivió en los años 50, una proliferación literaria que para Jimeno deja ver “una gran angustia por dar a conocer esa violencia”. Pero en este caso no se trata de ficción. “Todas las novelas que estudié tienen un alto sello testimonial y se basan en hechos verídicos”, asegura la antropóloga, profesora de la Universidad Nacional en cuyo diario, UN Periódico, dio a conocer su estudio bajo el título de Novelas de la violencia y la verdad que no se asumió.

Jimeno eligió cuatro novelas y una crónica cuyo punto en común es que fueron escritas en ese momento de la historia de Colombia y que además reflejan lo vivido en distintas regiones del país donde se ensañó la violencia bipartidista. En la lista hay desde consumados escritores como Eduardo Caballero Calderón (El Cristo de Espaldas, 1952, la historia de un cura que pretendía que liberales y conservadores no se mataran), pasando por Daniel Caicedo (Viento Seco, 1953, un médico destacado pero sin entrenamiento literario que cuenta los sufrimientos a los que se enfrentó una familia campesina atacada por la policía del gobierno, masacrada y desplazada).

Otra de las novelas, Lo que el cielo no perdona (1954), la escribe el cura Fidel Blandón. “Es una especie de híbrido donde por un lado el autor intenta tener la estructura de novela, pero por otro, inserta pedazos testimoniales, cartas y fotos de masacres. Blandón denuncia la manera como la policía y las autoridades locales impulsaron la violencia contra los campesinos liberales de esa época. Sobresale en este listado,La guerrilla del Llano (1955), una crónica larga que no es otra cosa que las memorias de Eduardo Franco Isaza, integrante de las guerrillas del oriente el país.

Muchos de estos libros fueron editados fuera de Colombia y empezaron a circular en el país casi de una manera clandestina. Lo curioso es que con el tiempo, algunos de esos textos fueron incorporados a la literatura escolar.

Entre los hallazgos de Jimeno está que el 85% por ciento de las novelas escritas durante La Violencia, adoptaron el punto de vista de los perseguidos, que en ese momento tenían la connotación de ser partidistas, esto quiere decir, liberales.

Entre los hallazgos de Jimeno está que el 85% por ciento de las novelas escritas durante La Violencia, adoptaron el punto de vista de los perseguidos, que en ese momento tenían la connotación de ser partidistas, esto quiere decir, liberales. “Esas novelas no ahorraron ningún recurso en su narrativa en hacer descripciones extraordinariamente detalladas y crueles, para mostrar la relación de lo que ocurría con las autoridades del momento”, dice Jimeno, cuyo análisis tiene una mirada antropológica y social, no literaria.

Para la investigadora, fue precisamente esa descripción tan cruel la que logró una altísima eficacia moral y simbólica entre los lectores, ya que produjo repudio frente a los agresores. “Desde el punto literario puede parecer un exceso de sangre pero es un recurso muy importante para que los lectores se identifiquen con el dolor de esas víctimas. Estas novelas crearon para la posteridad una narrativa de censura de las autoridades”.

La gran pregunta es por qué estos colombianos usaron la novela para narrar la violencia. Hay dos razones. Primero hubo una cesura oficial en la prensa y la radio durante todos esos años. La televisión llegó tardíamente y también fue censurada. Y segundo, porque este género literario era muy usado en América Latina como medio de denuncia de condiciones sociales opresivas o excesivas.

Pero este esfuerzo por contar la verdad de la violencia no se dio de una manera suficientemente pública y contundente, ya que no se tradujo en justicia y reparación. “Eso es lo que estamos tratando de que no se repita hoy”, dice Jimeno. Es cierto que la literatura se convirtió en el canal de expresión de lo que estaba ocurriendo, sin embargo, estas novelas circularon de mano en mano “sin que hubiera nunca un proceso público y claro de ventilar lo ocurrido y de sanar las heridas”.

En Colombia, entre 1958 y 1974 se dio un pacto entre liberales y conservadores que le ayudó al país, desde el punto de vista político, a salir de la violencia. Pero ese pacto –dice Jimeno– también implicó un gran rechazo a que se hablara públicamente de lo que ocurrió. Y esa es precisamente una de las grandes lecciones que quedan de ese pasado. “Es necesario discutir, escuchar, abrir canales en que las propias víctimas expresen lo ocurrido y que en esa expresión se pueda encontrar la reconciliación de toda la sociedad colombiana”.

Esto es algo que viene sucediendo, en parte, a través de organizaciones de víctimas y del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es una iniciativa del gobierno. “Pero todos los colombianos tienen que acompañar esas expresiones porque es la manera de reconocer que ha habido graves errores que no pueden repetirse”.

* Artículo tomado del Periódico El País, Cali, Valle del Cauca, Colombia, 03/03/2014, 11:18 a.m.

Myriam Jimeno

mjimenos@gmail.com

Bogotá, Octubre 15 de 2013

Roberto Pineda, a quien agradezco la invitación en esta noche, comenzó con un recuerdo su presentación en el homenaje a Alicia Dussán organizado en abril de 2009 en la Universidad Nacional: rememoró sus clases con Alicia como primíparo de antropología en la Universidad de los Andes. Era 1968, poco antes de su salida de esa universidad. No puedo imitarlo en esta ocasión pues no tomé clases con Alicia Dussán. Apenas la veía: opinando, instruyendo, hablando con Anita, bajando y subiendo con rapidez las escaleras de la casa vieja que por entonces alojaba la muy nueva carrera de Antropología. Los estudiantes de esos primeros años éramos muy pocos, no llegábamos a diez por promoción. La gran mayoría mujeres, de seguro porque no parecía una carrera muy promisoria. Tal vez se juzgaba que era una entretención para niñas en busca pasajera de lo exótico, un pequeño entreacto divertido en sus vidas.

Los fundadores – las fundadoras, claro está- ocupan una condición especial en el imaginario social, como bien lo sabemos; son personas que han abierto caminos por los que no se transitaba y sufren procesos que van desde el rechazo,  el ostracismo o la marginalidad, tal vez debía decir liminalidad para sonar más antropológica. La persona fundadora actúa en una zona de incertidumbre, donde aún no se asientan las nuevas prácticas ni se vislumbran sus efectos. Hasta que va aconteciendo una progresiva incorporación. La incorporación puede desembocar en asignarles características sui géneris, dotarlas de poderes especiales, o también en revalorar el sentido de sus obras desde el lente del presente. Ya en esa fase de incorporación, ¿cuál es el sentido de Alicia Dussán?

No voy a detenerme en las denominadas “expediciones” a partir de 1941, cuando egresó del Instituto Etnológico Nacional y que fueron su actividad profesional como investigadora de campo en arqueología y etnografía por los siguientes veinte años. Ni en su aporte a una aproximación nueva de la arqueología, que proponía enfocar a procesos culturales e iluminarla con la etnografía o en los trabajos pioneros de Puerto Hormiga que evidenciaron la profundidad temporal del poblamiento americano y la producción cerámica, como ya lo han señalado Felipe Cárdenas (1991),  Roberto Pineda (2012), Gerardo Ardila (1998), Jaime Arocha (2012) y Carlos Andrés Barragán (manuscrito inédito), entre otros. De esto nos queda una abundante bibliografía en coautoría con Gerardo Reichel-Dolmatoff. Tampoco me detendré en esa bella obra de la etnografía colombiana, La gente de Aritama ([1961] 2012, véase también Uribe Tobón, 1986). Ella fue durante esos años una joven mujer que recorría campos, aldeas y ciudades de las dos costas colombianas, vista con sospecha y burla, según dicen Roberto Pineda (2012) y Amparo Elisa Guerrero (1999).

Más allá de su persistente actividad de investigadora, ¿cuál fue el significado que Alicia proyectó sobre las estudiantes de entonces como fundadora de la primera carrera de antropología? En los años ochenta Alicia afirmó en una conferencia sobre ciencia y tecnología que:

En Colombia las mujeres de mi generación fueron las primeras en obtener acceso a la educación universitaria. En 1938 un número de 56 mujeres fueron aceptadas a la Universidad Nacional representando un 0.0004% de la población femenina en el país (…) (Dussán de Reichel, 1988: 677-679, citado en Barragán, Carlos Andrés, manuscrito inédito, pp. 21).

Unos datos adicionales nos dicen que en 1943, cuando Alicia ya llevaba dos años como egresada del Instituto, el 2% de los estudiantes matriculados en universidades eran mujeres y en 1960, cerca del inicio de su trabajo para crear el departamento de Antropología en los Andes, eran apenas el 16% (Ministerio de Educación Nacional, Sistema Nacional de Educación Superior).

En algunas ocasiones Alicia ha hablado de sus compañeros del Etnológico y la Normal Superior: el primer grupo, le contó a Amparo Elisa Guerrero, lo componían ocho estudiantes, de los cuales tres eran mujeres, ella, Blanca Ochoa y Edith Jiménez.  El segundo grupo eran siete personas, tres mujeres: Virginia Gutiérrez, María Mallol, luego de Recasens, e Inés Solano. En efecto, ellas fueron las pioneras del ingreso de la mujer a la educación superior y pioneras también de la institución de la antropología como disciplina académica en Colombia.

Esto también significó que eran pioneras de la irrupción de la mujer en el mundo laboral, cuando la tasa de participación femenina en el mercado laboral apenas llegaba al 17% en los años sesenta. Quiero con esto señalar, que nosotras, las estudiantes de entonces de antropología en la Universidad de los Andes, teníamos enfrente un modelo nuevo de mujer. Casi todas nuestras madres eran amas de casa, mientras veíamos pasar por enfrente a una profesora, la única del momento en Antropología; veíamos a su hija Inés como una de nuestras compañeras. Era también una madre de familia y por supuesto que en ese momento no nos preguntamos qué podía implicar ejercer como antropóloga y tener hijos. No sospechábamos las tensiones, los dilemas ni las dificultades que eso conllevaba.

Dicen los textos de antropología que una buena parte de la cultura es tácita e inconsciente. En efecto, teníamos un nuevo paradigma femenino  enfrente, afirmativo, sin dudas ni lamentos, y poco o nada hablamos sobre él. No obstante, fue ese modelo en ejercicio el que nos permitió inclinarnos al cambio cultural con tranquilidad, de manera que sin mucho interrogarnos fuimos cogiendo por el mismo camino. Tal vez sorprendimos a quienes creían que estudiábamos antropología como divertimento de tiempos de juventud, pues la mayoría de las sesenteras ha ejercido la antropología como vocación y como profesión, con convicción y entusiasmo. Lo pudimos hacer y llegar hasta hoy día, cuando el 52% de la matrícula de la educación superior es femenina y muy poco menos de la mitad de la fuerza laboral también, porque otras venían por delante. No podría ser menos cuando nos educamos en ese modelo.

Referencias

Ardila Calderón, Gerardo Ignacio. (1998). “Gerardo Reichel-Dolmatoff y la historia de las ciencias sociales en Colombia”. En: Ardila Calderón, Gerardo Ignacio (ed.), Gerardo Reichel-Dolmatoff: antropólogo de Colombia. 1912-1994, pp. 14-21. Bogotá D.C., Museo del Oro, Banco de la República / Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia.

Arocha Rodríguez, Jaime. (2012). “Mi maestra de antropología y vida”. Maguaré 26(1), pp. 339-345.

Barragán, Carlos Andrés. (Manuscrito inédito.)El rastro de la arqueóloga, la mirada de la antropóloga: diálogos con Alicia Dussán de Reichel y su obra.

Cárdenas-Arroyo, Felipe. (1991). “La arqueología colombiana desde la etnología”. En: Universidad de los Andes (1991). Doctorado Honoris Causa: Gerardo Reichel-Dolmatoff. Bogotá, Universidad de Los Andes. pp. 27-30.

Groot de Mahecha, Ana María.(2012). “Una historia de vida entre el pasado y el presente de Colombia. Homenaje a Alicia Dussán de Reichel-Dolmatoff”. Maguaré 26(1), pp. 335-338.

Guerrero, Amparo Elisa. 1999. Mujer y universidad. Un estudio de caso desde la perspectiva de cinco egresadas de la Normal Superior entre 1938 y 1944. Tesis de grado. Maestría en Estudios de Mujer, Género y Desarrollo, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.

Pineda Camacho, Roberto. (2012). “La Aventura de ser antropóloga en Colombia: Alicia Dussán de Reichel-Dolmatoff y la antropología social en Colombia”. Maguaré 26(1), pp. 15-40.

Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Alicia Dussán de Reichel. (1961). The People of Aritama. The cultural personality of a Colombian mestizo village. London, Routledge & Kegan Paul.

Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Alicia Dussán de Reichel. (2012) La gente de Aritama. La personalidad cultural de una aldea mestiza de Colombia. Bogotá D.C., Pontificia Universidad Javeriana.

Uribe Tobón, Carlos Alberto. (1986). “La antropología de Gerardo Reichel-Dolmatoff: una perspectiva desde la Sierra Nevada de Santa Marta”. Revista de Antropología y Arqueología 2(1-2), pp. 5-26. Bogotá D.C., Universidad de los Andes.

Bogotá, septiembre 17  de 2013

Señora

MARIA FERNANDA CAMPO

Ministra de Educación Nacional

Presidente Consejo Superior Universitario  Universidad Nacional de Colombia

Ciudad

Estimada Señora Ministra:

Nos dirigimos a Usted como presidente del Consejo Superior Universitario para manifestarle la importancia de que el Consejo oriente de manera decidida el futuro de nuestra institución como proyecto fundamental de la nación para garantizar educación de calidad, pilar del desarrollo con equidad, para miles de jóvenes de escasos recursos del país.

Es decisivo que el Consejo trace una política general sobre el manejo de las crisis periódicas provocadas por actos de fuerza, de manera que se protejan los derechos fundamentales y la razón de ser de la institución sin acudir a medidas meramente basadas en el temor, tales como los cierres temporales, el recorte de las actividades semanales o la reciente suspensión del calendario académico y los exámenes de admisión. Casi setenta mil familias en su mayoría de bajos recursos fueron afectadas por esta última decisión, pese a las alternativas existentes para realizarlo, como se ve ahora, tres semanas después.

Este tipo de medidas ya demostraron en los años setenta y ochenta pasados su inutilidad para prevenir y enfrentar las crisis de fuerza. En cambio deterioran tanto la confianza en la institución como la calidad académica, con la interrupción y dilación de los semestres o por la imposibilidad de usar recursos fundamentales como talleres, laboratorios y bibliotecas. Además, alimentan temores, de seguro infundados, de que detrás se esconden medidas graves contra la Universidad, provocando nuevos ciclos de protesta violenta y creando una polarización interna indeseable. Es necesario buscar otra política y aprender de las experiencias dolorosas como de las exitosas del pasado.

En segundo lugar, la crisis del momento no puede desplazar la necesidad de que sea el CSU quien conduzca la búsqueda de soluciones de fondo en dos de los grandes problemas que están en la raíz de la actual situación: lo inadecuado del actual modelo de financiación estatal de la Universidad y la urgente reorganización de la gestión interna. Vemos con preocupación que en cambio de soluciones definitivas, se acude a medidas que golpean de manera profunda la calidad de la educación y el anhelo de una universidad orientada al conocimiento, la creación y la innovación: Tal es el caso de trasferir importantes recursos del funcionamiento de los posgrados –corazón de la investigación- para dedicarlos a otras actividades, sin un programa claro de su utilización centralizada; la propuesta del nuevo estatuto docente, que vendría a ser el tercero aprobado en poco más de una década, que rebaja las calidades para el ingreso, rebaja las condiciones para la permanencia y los requerimientos de productividad del profesorado. Así mismo la suspensión de las becas de excelencia académica para los posgrados, todo en aras de aminorar costos, sin medir sus implicaciones y sin buscar nuevos recursos.  Algo similar acontece con los acuerdos para resarcir a los empleados administrativos sin remediar el problema de base, ni emprender la tarea de revisar el desempeño y las prioridades internas de gasto o las persistentes debilidades  de gestión.

Este conjunto de decisiones lesiona el modelo de universidad y debilita el papel  de nuestra institución en el conjunto del sistema de educación superior, pues la investigación y la creación dejan de estar en el centro de la misión institucional para retornar a una universidad de docencia intensiva sin investigación o creación, ya superada por las grandes universidades del mundo.

La Universidad Nacional ha hecho un aporte muy considerable al país en la formación de pregrado, con la creación del mayor número de posgrados, la producción de sólidas asesorías técnicas, de una tercera parte del conocimiento nacional y el mayor número de sus publicaciones científicas. Por ello tenemos la confianza de que con su liderazgo el Consejo Superior va a dedicar esfuerzos para encaminarla por buen rumbo, hacia una universidad viable, abierta y activa frente a las necesidades del país.

Cordial saludo,

Profesores

Myriam Jimeno, Departamento de Antropología

Olga Restrepo, Departamento de Sociología

Francisco Ortega, Departamento de Historia

Ángela Robledo, Escuela de Estudios de Género

Ricardo Fierro, Departamento de Química

Luis Eduardo Jaramillo, Departamento de Psiquiatría

Yuri Jack Gómez, Centro de Estudios Sociales

Carlo Tognato, Departamento de Sociología

Hope Henderson, Departamento de Antropología

María Elvia Domínguez, Departamento de Psicología

Copia: Miembros del Consejo Superior Universitario, Universidad Nacional de Colombia.

Esta emisión tuvo como invitadas especiales a la profesora Myriam Jimeno y a las antropólogas Sandra Liliana Murillo y María Jimena López para hablar sobre la publicación Etnografías contemporáneas: trabajo de campo, recientemente publicada por la Universidad Nacional de Colombia.

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.

Para consultar y/o descargar la publicación Etnografías contemporáneas: trabajo de campo, y otros libros suministrados por este blog, haga clic aquí.

Para consultar el sitio Web de UN Radio 98.5 F.M., haga clic aquí.

Jimeno, Myriam. La desigualdad tiene cara joven en Colombia, en Revista El Malpensante, # 142, Junio 2013, págs. 72-73.

Para descargar el libro, haga clic aquí.

Para ver el documental completo: http://www.youtube.com/uncesbog

Así como en el mito griego Pandora decide abrir la caja donde se guardan todos los males del mundo, indígenas de distintas etnias, en su mayoría Uitoto, han decidido que 100 años después, es hora de destapar el canasto que contiene los recuerdos de lo que vivieron entre 1900 y 1932 en las caucheras de La Chorrera, Amazonas. Para ver la información completa, haga clic aquí.

Interesante y oportuna declaración de quienes mejor comprenden la complejidad de un país que se autodefine como pluricultural y multiétnico, pero que todavía no lo ha asumido con todas sus consecuencias, tal como lo recordaron los episodios del Cauca.

Los incidentes entre indígenas del Norte del Cauca y la Fuerza Pública indujeron a los antropólogos abajo firmantes a hacer algunas consideraciones que pueden ayudar en las actuales mesas de trabajo.

Hay algunas confusiones que se hacen obvias si uno aplica el sentido común a la lectura de la Constitución Política de 1991 y al repaso de la trayectoria histórica de las comunidades indígenas de Colombia, marcada por reduccionismos y exclusiones.

La Constitución dispone que la Fuerza Pública “estará integrada exclusivamente por las fuerzas militares y la Policía Nacional” (Artículo 216). Cualquier otra forma de fuerza pública es inconstitucional.

Primera confusión

“Fuerza Pública” es sinónimo de “Fuerzas Armadas” y de “Fuerzas Militares”. En la historia mundial, y en Colombia de jure, la policía se diferencia de la fuerza militar y no siempre está armada. Es de “naturaleza civil” y tiene en los municipios como “primera autoridad” a los alcaldes (Artículo 315). Su misión es asegurar “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (Artículo 218). En Colombia, de facto, por razones históricas que el espacio impide exponer aquí, se llegó a esta confusión. Los militares, por Constitución, tienen como misión primordial “la defensa de la soberanía, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” (Artículo 217) y para ello usan las armas.

Segunda confusión

Es común entre los propios líderes o autoridades indígenas considerar al Estado como un ente ajeno, con el cual hay que negociar y, cuando es necesario, pelear. Olvidan que, son autoridades étnicas en virtud de la Constitución (Artículo 246) y, por tanto, son parte especial del Estado, pues éste es unitario, como lo es la República (Artículo 1).

Debido a esta unidad, ellos participan como ciudadanos en la vida nacional y en la distribución de los recursos públicos: por ejemplo, de las transferencias y de los servicios de salud y educación. Los indígenas siempre han reconocido este carácter unitario aunque su pertenencia a comunidades étnicas plantea problemas prácticos relacionados con la regionalización y la diversificación de formas territoriales del Estado que aún no están resueltos.

Tercera confusión

Se piensa que “los indígenas” son un cuerpo homogéneo. Esta homogeneización niega de plano la variedad histórica de las etnias y la trayectoria igualmente histórica de las regiones y localidades en Colombia.

Olvida también que alrededor del 25 por ciento de los indígenas colombianos étnicamente diferenciados viven hoy en el medio urbano y muchos de ellos se han organizado en cabildos.

Olvida además que ha habido indígenas que se declaran “mestizos” o “blancos”, y a la inversa, “mestizos” como “indígenas”, atendiendo a ciertas ventajas de contexto.

La homogeneización niega de plano la diversidad étnica y cultural de la Nación, cuyos primeros defensores son los indígenas, urbanos y no urbanos. Como expresión de esta diversidad, las mismas organizaciones, líderes y autoridades indígenas, tienen posiciones no sólo diversas entre sí, sino francamente contradictorias en su relación concreta con el Estado y la Nación.

Hay otras formas de civilidad indígena que no coinciden con la nortecaucana y nasa, así como hay otras formas de vida étnica que no son indígenas (las de ancestro africano y la rom, concretamente), que también demandan atención especial. La visibilidad mediática no puede cegarnos con respecto a esta maravillosa, y fluida, diversidad cultural y étnica de la nación que todos estamos interesados en cultivar y defender.

Cuarta confusión

En el ámbito de lo espacial, se confunde el escenario de la guerra que afecta a la Nación (llamado “teatro de operaciones” en la jerga militar) con el territorio civil que se busca proteger.

Los indígenas nasa del Norte del Cauca han querido superar esta confusión, expulsando a “la fuerza pública” de su territorio étnico total — no sólo de los asentamientos civiles — aun a costa de sus vidas, pues actúan bajo el supuesto de que los criminales armados respetarán sus bastones, como sí lo hicieron – en un hecho ampliamente divulgado por los medios — las fuerzas militares.

La hermosa simbología de las varas de cabildo no cabe en la lógica de los negociantes criminales (de narcóticos, minerales, tierras) como no cabe en la lógica privada de ciertos comuneros indígenas insumisos que deben ser reducidos por la fuerza.

Quinta confusión

La “pertenencia” o no de campesinos e indígenas en las filas de la guerrilla por el simple hecho de que están allí, en el escenario confuso de la guerra. Se trata de una gama de situaciones personales y familiares que van desde la adhesión consciente y libre a los propósitos y formas perversas de esa guerra, hasta el reclutamiento forzado o la colaboración impuesta por amenazas a la vida, de desplazamiento o tortura, o debido al prudente silencio por autoprotección. Hay también mucho de suposición y de deducción a priori, lo mismo de que confusión entre valiente rebeldía civil en defensa de derechos y colaboración con fuerzas ilegales.

La actuación de la Guardia Indígena caucana como cuerpo de fuerza pública plantea estos asuntos de modo muy concreto y sugerente. Se manifestó como fuerza frente a los militares en el hecho memorable de Toribío, arriba mencionado. En principio, esa Guardia se ejerce simbólicamente, merced a la presión social tanto interna como externa aunque, como dijimos, en veces debe usar la fuerza física. Los indígenas del Cauca han decidido (hasta ahora) que esta Guardia sea no-armada.

Sin embargo, de facto ha habido algunas ocasiones recientes de conflicto violento — local y de mucha confusión — donde miembros de esa Guardia han sido acusados de haber utilizado machetes e incluso armas de fuego para solucionar conflictos puntuales.

En el incidente de Toribío todos vimos la tentación de los machetes. Decimos “sugerente” porque, así como se han venido dando de hecho soluciones a la articulación práctica del derecho indígena al derecho de la Nación como conjunto, es posible que el caso de la Guardia contribuya, con la ingeniosidad y el ethos indígena, a encontrar otras formas de fuerza pública y de “policía” — en el sentido original derivado de “polis” (ciudadanía) — que sean armónicas con ese ethos y también con la Constitución y la ley.

A fines del 2011 la prensa celebró, más como nota curiosa que como asunto de honda implicación, la graduación de 100 patrulleros policiales de la etnia wayúu en la Guajira. Es un primer intento que vale la pena evaluar a la luz de la historia de la Policía Nacional, de la compleja realidad nacional, de los antecedentes del hecho, de sus idearios, y de la recepción por parte de las comunidades locales que, como acabamos de decir, son maravillosamente diversas.

Los voceros indígenas han sostenido que el problema de fondo es que el Estado no ha cumplido con los compromisos que afectan, de modo persistente, no sólo la vida y bienestar de sus comunidades sino su sobrevivencia como etnias. Los antropólogos, que los hemos acompañado por décadas, sabemos que una cuestión de fondo para este bienestar es la pobreza crónica.

Con pocas excepciones locales, todo el Cauca — indígena y no indígena- — se caracteriza por esta pobreza, que tiene, como una de las causas profundas, la de las tierras laborables, bien porque son escasas o bien porque la sobreexplotación centenaria de las apropiadas las ha vuelto improductivas. Si este asunto fundamental no se resuelve, tendremos siempre con nosotros problemas que resolver como los actuales que se discuten en la mesa.

Una urgencia primaria y general que surge de lo todo lo anterior es lo dispuesto por la Constitución para los territorios indígenas como parte del proceso más amplio y orgánico es la creación de las Entidades Territoriales Regionales (ETR; CP91, Artículo 307).

Parece que ha llegado el momento de abordar en serio, por parte del Gobierno central y del Congreso, la creación, por lo menos, de las ETI (Entidades Territoriales Indígenas) a fin de superar las indefiniciones que dejan en el limbo formas de fuerza pública como la Guardia Indígena y, de modo más general, las formas concretas de autoridad étnica y su articulación con las otras formas del Estado.

Según la Constitución (Artículo 330) los consejos indígenas, “conformados y reglamentados según sus usos y costumbres” deben “Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional”, como lo hacen los alcaldes en sus municipios.

Es por tanto necesario que se definan en la ley, de forma precisa y urgente — como lo viene haciendo paso a paso la jurisprudencia en cuanto a la aplicación del derecho indígena — los alcances y las responsabilidades de las otras formas estatales de autoridad que derivan del mandato constitucional sobre la diversidad étnica, cultural y regional. Es la manera de dar concreción a la tan mencionada, pero abstracta, “autonomía”.

El cumplimiento de esta disposición sería el inicio de una efectiva descentralización administrativa y política (Artículo 1), que ha tenido insuperados obstáculos en las décadas pasadas. El último intento al respecto es la Ley 1454 del 28 de junio 2011, en donde se establece un plazo, ya vencido, de 10 meses para que el Gobierno presente un proyecto de ley que reglamente las ETI.

• Elías Sevilla Casas, profesor Universidad del Valle
• Myriam Jimeno Santoyo, profesora Universidad Nacional de Colombia
• Jairo Tocancipá Falla, profesor Universidad del Cauca
• Aída Gálvez Abadía, profesora Universidad de Antioquia
• Roberto Pineda Camacho, profesor Universidad Nacional de Colombia
• Jaime Arocha Rodríguez, profesor Universidad Nacional de Colombia
• Hugo Portela, profesor Universidad del Cauca
• Manuel Sevilla Peñuela, profesor Universidad Javeriana Cali
• Ángela Castillo, Investigadora Universidad Nacional de Colombia
• Diego Herrera Gómez, Profesor Universidad de Antioquia
• Erinaldy Gómez, Profesor Universidad del Cauca
• Nancy Motta González, profesora Universidad del Valle
• Wilhem Londoño, profesor Universidad del Magdalena
• Sandra Patiño Londoño, investigadora Universidad de Antioquia
• Jonathan Echeverri Zuluaga, profesor Universidad de Antioquia
• Timisay Monsalve Vargas, profesora Universidad de Antioquia
• Daniel Varela, investigador Universidad Nacional de Colombia
• Santiago Giraldo, Fundación Tayrona
• Gloria Posada Vélez, antropóloga y artista plástica independiente

Siguen más nombres.

Tomado de: http://razonpublica.com/index.php/recomendado/3178-el-estado-y-los-indigenas-del-cauca-hablan-los-antropologos-declaracion-colectiva-.html, 26 de agosto de 2012.