Para ver el documental completo: http://www.youtube.com/uncesbog

Así como en el mito griego Pandora decide abrir la caja donde se guardan todos los males del mundo, indígenas de distintas etnias, en su mayoría Uitoto, han decidido que 100 años después, es hora de destapar el canasto que contiene los recuerdos de lo que vivieron entre 1900 y 1932 en las caucheras de La Chorrera, Amazonas. Para ver la información completa, haga clic aquí.

Interesante y oportuna declaración de quienes mejor comprenden la complejidad de un país que se autodefine como pluricultural y multiétnico, pero que todavía no lo ha asumido con todas sus consecuencias, tal como lo recordaron los episodios del Cauca.

Los incidentes entre indígenas del Norte del Cauca y la Fuerza Pública indujeron a los antropólogos abajo firmantes a hacer algunas consideraciones que pueden ayudar en las actuales mesas de trabajo.

Hay algunas confusiones que se hacen obvias si uno aplica el sentido común a la lectura de la Constitución Política de 1991 y al repaso de la trayectoria histórica de las comunidades indígenas de Colombia, marcada por reduccionismos y exclusiones.

La Constitución dispone que la Fuerza Pública “estará integrada exclusivamente por las fuerzas militares y la Policía Nacional” (Artículo 216). Cualquier otra forma de fuerza pública es inconstitucional.

Primera confusión

“Fuerza Pública” es sinónimo de “Fuerzas Armadas” y de “Fuerzas Militares”. En la historia mundial, y en Colombia de jure, la policía se diferencia de la fuerza militar y no siempre está armada. Es de “naturaleza civil” y tiene en los municipios como “primera autoridad” a los alcaldes (Artículo 315). Su misión es asegurar “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (Artículo 218). En Colombia, de facto, por razones históricas que el espacio impide exponer aquí, se llegó a esta confusión. Los militares, por Constitución, tienen como misión primordial “la defensa de la soberanía, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” (Artículo 217) y para ello usan las armas.

Segunda confusión

Es común entre los propios líderes o autoridades indígenas considerar al Estado como un ente ajeno, con el cual hay que negociar y, cuando es necesario, pelear. Olvidan que, son autoridades étnicas en virtud de la Constitución (Artículo 246) y, por tanto, son parte especial del Estado, pues éste es unitario, como lo es la República (Artículo 1).

Debido a esta unidad, ellos participan como ciudadanos en la vida nacional y en la distribución de los recursos públicos: por ejemplo, de las transferencias y de los servicios de salud y educación. Los indígenas siempre han reconocido este carácter unitario aunque su pertenencia a comunidades étnicas plantea problemas prácticos relacionados con la regionalización y la diversificación de formas territoriales del Estado que aún no están resueltos.

Tercera confusión

Se piensa que “los indígenas” son un cuerpo homogéneo. Esta homogeneización niega de plano la variedad histórica de las etnias y la trayectoria igualmente histórica de las regiones y localidades en Colombia.

Olvida también que alrededor del 25 por ciento de los indígenas colombianos étnicamente diferenciados viven hoy en el medio urbano y muchos de ellos se han organizado en cabildos.

Olvida además que ha habido indígenas que se declaran “mestizos” o “blancos”, y a la inversa, “mestizos” como “indígenas”, atendiendo a ciertas ventajas de contexto.

La homogeneización niega de plano la diversidad étnica y cultural de la Nación, cuyos primeros defensores son los indígenas, urbanos y no urbanos. Como expresión de esta diversidad, las mismas organizaciones, líderes y autoridades indígenas, tienen posiciones no sólo diversas entre sí, sino francamente contradictorias en su relación concreta con el Estado y la Nación.

Hay otras formas de civilidad indígena que no coinciden con la nortecaucana y nasa, así como hay otras formas de vida étnica que no son indígenas (las de ancestro africano y la rom, concretamente), que también demandan atención especial. La visibilidad mediática no puede cegarnos con respecto a esta maravillosa, y fluida, diversidad cultural y étnica de la nación que todos estamos interesados en cultivar y defender.

Cuarta confusión

En el ámbito de lo espacial, se confunde el escenario de la guerra que afecta a la Nación (llamado “teatro de operaciones” en la jerga militar) con el territorio civil que se busca proteger.

Los indígenas nasa del Norte del Cauca han querido superar esta confusión, expulsando a “la fuerza pública” de su territorio étnico total — no sólo de los asentamientos civiles — aun a costa de sus vidas, pues actúan bajo el supuesto de que los criminales armados respetarán sus bastones, como sí lo hicieron – en un hecho ampliamente divulgado por los medios — las fuerzas militares.

La hermosa simbología de las varas de cabildo no cabe en la lógica de los negociantes criminales (de narcóticos, minerales, tierras) como no cabe en la lógica privada de ciertos comuneros indígenas insumisos que deben ser reducidos por la fuerza.

Quinta confusión

La “pertenencia” o no de campesinos e indígenas en las filas de la guerrilla por el simple hecho de que están allí, en el escenario confuso de la guerra. Se trata de una gama de situaciones personales y familiares que van desde la adhesión consciente y libre a los propósitos y formas perversas de esa guerra, hasta el reclutamiento forzado o la colaboración impuesta por amenazas a la vida, de desplazamiento o tortura, o debido al prudente silencio por autoprotección. Hay también mucho de suposición y de deducción a priori, lo mismo de que confusión entre valiente rebeldía civil en defensa de derechos y colaboración con fuerzas ilegales.

La actuación de la Guardia Indígena caucana como cuerpo de fuerza pública plantea estos asuntos de modo muy concreto y sugerente. Se manifestó como fuerza frente a los militares en el hecho memorable de Toribío, arriba mencionado. En principio, esa Guardia se ejerce simbólicamente, merced a la presión social tanto interna como externa aunque, como dijimos, en veces debe usar la fuerza física. Los indígenas del Cauca han decidido (hasta ahora) que esta Guardia sea no-armada.

Sin embargo, de facto ha habido algunas ocasiones recientes de conflicto violento — local y de mucha confusión — donde miembros de esa Guardia han sido acusados de haber utilizado machetes e incluso armas de fuego para solucionar conflictos puntuales.

En el incidente de Toribío todos vimos la tentación de los machetes. Decimos “sugerente” porque, así como se han venido dando de hecho soluciones a la articulación práctica del derecho indígena al derecho de la Nación como conjunto, es posible que el caso de la Guardia contribuya, con la ingeniosidad y el ethos indígena, a encontrar otras formas de fuerza pública y de “policía” — en el sentido original derivado de “polis” (ciudadanía) — que sean armónicas con ese ethos y también con la Constitución y la ley.

A fines del 2011 la prensa celebró, más como nota curiosa que como asunto de honda implicación, la graduación de 100 patrulleros policiales de la etnia wayúu en la Guajira. Es un primer intento que vale la pena evaluar a la luz de la historia de la Policía Nacional, de la compleja realidad nacional, de los antecedentes del hecho, de sus idearios, y de la recepción por parte de las comunidades locales que, como acabamos de decir, son maravillosamente diversas.

Los voceros indígenas han sostenido que el problema de fondo es que el Estado no ha cumplido con los compromisos que afectan, de modo persistente, no sólo la vida y bienestar de sus comunidades sino su sobrevivencia como etnias. Los antropólogos, que los hemos acompañado por décadas, sabemos que una cuestión de fondo para este bienestar es la pobreza crónica.

Con pocas excepciones locales, todo el Cauca — indígena y no indígena- — se caracteriza por esta pobreza, que tiene, como una de las causas profundas, la de las tierras laborables, bien porque son escasas o bien porque la sobreexplotación centenaria de las apropiadas las ha vuelto improductivas. Si este asunto fundamental no se resuelve, tendremos siempre con nosotros problemas que resolver como los actuales que se discuten en la mesa.

Una urgencia primaria y general que surge de lo todo lo anterior es lo dispuesto por la Constitución para los territorios indígenas como parte del proceso más amplio y orgánico es la creación de las Entidades Territoriales Regionales (ETR; CP91, Artículo 307).

Parece que ha llegado el momento de abordar en serio, por parte del Gobierno central y del Congreso, la creación, por lo menos, de las ETI (Entidades Territoriales Indígenas) a fin de superar las indefiniciones que dejan en el limbo formas de fuerza pública como la Guardia Indígena y, de modo más general, las formas concretas de autoridad étnica y su articulación con las otras formas del Estado.

Según la Constitución (Artículo 330) los consejos indígenas, “conformados y reglamentados según sus usos y costumbres” deben “Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional”, como lo hacen los alcaldes en sus municipios.

Es por tanto necesario que se definan en la ley, de forma precisa y urgente — como lo viene haciendo paso a paso la jurisprudencia en cuanto a la aplicación del derecho indígena — los alcances y las responsabilidades de las otras formas estatales de autoridad que derivan del mandato constitucional sobre la diversidad étnica, cultural y regional. Es la manera de dar concreción a la tan mencionada, pero abstracta, “autonomía”.

El cumplimiento de esta disposición sería el inicio de una efectiva descentralización administrativa y política (Artículo 1), que ha tenido insuperados obstáculos en las décadas pasadas. El último intento al respecto es la Ley 1454 del 28 de junio 2011, en donde se establece un plazo, ya vencido, de 10 meses para que el Gobierno presente un proyecto de ley que reglamente las ETI.

• Elías Sevilla Casas, profesor Universidad del Valle
• Myriam Jimeno Santoyo, profesora Universidad Nacional de Colombia
• Jairo Tocancipá Falla, profesor Universidad del Cauca
• Aída Gálvez Abadía, profesora Universidad de Antioquia
• Roberto Pineda Camacho, profesor Universidad Nacional de Colombia
• Jaime Arocha Rodríguez, profesor Universidad Nacional de Colombia
• Hugo Portela, profesor Universidad del Cauca
• Manuel Sevilla Peñuela, profesor Universidad Javeriana Cali
• Ángela Castillo, Investigadora Universidad Nacional de Colombia
• Diego Herrera Gómez, Profesor Universidad de Antioquia
• Erinaldy Gómez, Profesor Universidad del Cauca
• Nancy Motta González, profesora Universidad del Valle
• Wilhem Londoño, profesor Universidad del Magdalena
• Sandra Patiño Londoño, investigadora Universidad de Antioquia
• Jonathan Echeverri Zuluaga, profesor Universidad de Antioquia
• Timisay Monsalve Vargas, profesora Universidad de Antioquia
• Daniel Varela, investigador Universidad Nacional de Colombia
• Santiago Giraldo, Fundación Tayrona
• Gloria Posada Vélez, antropóloga y artista plástica independiente

Siguen más nombres.

Tomado de: http://razonpublica.com/index.php/recomendado/3178-el-estado-y-los-indigenas-del-cauca-hablan-los-antropologos-declaracion-colectiva-.html, 26 de agosto de 2012.