Artículo publicado en ElTiempo.com, el el 01 septiembre de 1996

*Myriam Jimeno, Ph.D en Antropología
Profesora Titular jubilada Universidad Nacional de Colombia

Primero fue Calamar, luego Miraflores, El Retorno, Orito, Mocoa, Santuario y las más recientes, Florencia y Belén de los Andaquíes. Unos cuantos nombres exóticos dispersos en la extensa franja amazónica que se abre al pie de los Andes, puestos en evidencia para los sorprendidos colombianos por enardecidos pobladores.

La explicación reiterativa de voceros oficiales y medios de comunicación es bien simple: son los cocaleros, los agentes de guerrilla y narcotráfico.

Es fácil considerar las marchas campesinas del Guaviare, el Putumayo y el Caquetá como respuesta a manipulaciones de la guerrilla o la narcoguerrilla. Más difícil, pues surgen dudas e interrogantes, es preguntarse qué da lugar a tal poder, qué pone en marcha tales mareas humanas a lo largo de extensos territorios.

Vale la pena detenerse en las más socorridas afirmaciones, contrastadas casi exclusivamente por el dramatismo de las imágenes sobre los enfrentamientos.

Los movilizados son presentados como recién llegados a las selvas para trabajar en la coca, enojados por no poder seguir su lucrativo negocio, títeres de los grandes negociantes. Pero, es cierto que los marchistas son recién llegados? La mayor parte de la población de las tres regiones llegó a ellas entre 1950 y 1980, como oleadas de refugiados de la violencia, principalmente campesinos, y continuó con fugitivos de la pobreza rural y urbana de sus lugares de origen: Huila, Nariño y Boyacá y en menor proporción, Tolima, Cundinamarca y el viejo Caldas. Putumayo y Caquetá aumentaron su población vertiginosamente en esos daños, como se constata en las cifras demográficas.

La ocupación masiva del Guaviare es unos pocos años más tardía, pero previa también al auge de la coca.

Antes de la coca Cuando la coca se introdujo en las selvas a comienzos de los años ochenta, ya llevaban los colonos varios lustros quebrando monte y luchando por sacar cosechas de las tierras rojas y lavadas, por entre trochas intransitables.

Por supuesto, al arraigar el cultivo y quedar demostrado su incomparable provecho frente a todos los demás, llegaron miles de nuevos pobladores, no solo colonos, sino comerciantes, pobres urbanos y aventureros diversos, indeseables de la sociedad. Pero aún así, el grueso de la población actual son los campesinos, cultivadores hijos de cultivadores. Los años de ensayos con el maíz y el plátano, con la yuca y el arroz, solo les enseñaron que acabada la selva, la tierra es cada día más pobre, los créditos son escasos, los mercados están muy distantes y los agiotistas acosan. Por qué no ensayar entonces otra cosa? Por qué se lo impone la guerrilla, la narco guerrilla, o los narcos a secas? No, porque lo impone la supervivencia.

Cómo pueden la guerrilla o los narcos, apoderarse por fuerza o por engaño de las voluntades de centenares de miles de personas, pues hablamos de una nutrida población de las tres regiones? La guerrilla en efecto, entró pronto a la colonización amazónica. Algunos vinieron en marchas de refugiados en los cincuenta, caminando desde sitios tan lejanos como Villarica en el Tolima y ocuparon parte del Duda y el Guayabero custodiados por hombres en armas.

La mayoría, sin embargo, llegó después, cuando se vio la cara de fracaso de la colonización campesina promovida por el Incora y la Caja Agraria con créditos internacionales. Era evidente que allí había un filón de amargura y decepción explotable, con o sin coca. La coca, sin embargo, brindó una oportunidad imprevista para la guerrilla. En pocos años variaron desde oponerse a su cultivo hasta aceptarlo, pues todos, campesinos, comerciantes de abarrotes, dueños locales del comercio de coca, todos podían con la bonanza, pagar más a la guerrilla y financiar su expansión.

Rompiendo el cerco Cómo vino de repente a descubrirse que allí se cultivaba coca en miles de hectáreas y era necesario erradicarlas? Tampoco es cierto que no se supiera en todas partes de los cultivos y de su extensión, incluyendo a los más celosos defensores actuales de su erradicación por fumigación aérea, por lo menos desde mitad de los años ochenta.

Si todos sabían pero no importaba, es sin duda un cambio en la geopolítica la que pone sobre el tapete al cultivo. Son cambios en las prioridades políticas estadounidenses, y una coyuntura del gobierno nacional, acosado por la ilegitimidad y la sombra del narcotráfico, la que pone de blanco a los campesinos. No se trata de justificar la expansión de los cultivos de coca o de menospreciar el efecto corrosivo del narcotráfico sobre la estructura institucional y sobre la misma posibilidad de convivencia ciudadana.

Pero sí es preciso mirar las raíces de un malestar tan amplio, irreductible a la simpleza de los agentes oficiosos. Solo una tensión más perdurable y profunda explica la terca desesperación de las movilizaciones.

Es comprensible la preocupación de la Comisión Nacional de Televisión sobre el abuso de imágenes dolorosas, pero son esas imágenes dramáticas las que han roto el cerco militar y señalan la dimensión. Al impresionar la sociedad, al mostrar la aflicción humana han puesto en evidencia el sufrimiento campesino, para que como ocurrió en Bosnia, finalmente la sociedad lo trate como un problema social.

Mientras así no sea, los campesinos se obstinarán en rebelarse, y como en las rebeliones históricas, los campesinos caminan, caminan sin reparar en retenes, heridos ni muertos, con los ojos puestos en la esperanza difusa de sobrevivir.

Artículo publicado en Revista Semana, febrero de 2017. 

*Myriam Jimeno, Ph.D en Antropología
Profesora Titular jubilada Universidad Nacional de Colombia

El Museo de Bogotá exhibió en días pasados una fotografía tomada  a finales del siglo XIX por un embajador francés en Colombia: Indígenas de Novirao, Cauca, 1889. Tres hombres jóvenes, de baja estatura, con ruana y pies descalzos, nos miran abatidos. Los antropólogos de los años cuarenta y cincuenta del siglo veinte nos describen similares indígenas en  varias partes de Colombia. Empobrecidos y apocados, considerados como un lastre para el desarrollo, estaban a merced de hacendados y misioneros encargados de su cristianización y castellanización. Ni por asomo se pensaba que tenían historia y culturas de las que podemos aprender. O por lo menos debemos respetar. Peones o servicio doméstico eran su destino vital y a sus hijos los solían confinar en internados, lejos de sus padres, para que perdieran su lengua y visión del mundo.  La integración a la nación por lo bajo era el modelo.

Pero desde el final de los años sesenta del siglo veinte se consolidó lentamente un movimiento social que reivindicó respeto a las sociedades indígenas, no pago de tributo por cultivar en tierras ajenas, recuperación de las tierras comunales despojadas, educación propia, respeto por sus autoridades y lenguas. En muchas regiones se crearon organizaciones que reclamaron nuevos derechos ciudadanos dentro de su particularidad cultural. Obtuvieron el principal reconocimiento en la Constitución Política de 1991. Fue un cambio del modelo de la integración vertical hacia la interculturalidad, lo que significa relaciones y comunicación horizontales, en plano de respeto e igualdad entre los diferentes.

¿Cómo se llegó a ese cambio social aún en proceso y con mucho camino por recorrer?  El gran aporte de la Universidad Nacional de Colombia se dio en dos planos: por un lado en el conocimiento sistemático de la riqueza y la variedad cultural de los pueblos de origen amerindio y los descendientes de los esclavizados en África. Por el otro, en la información para socavar el racismo, los prejuicios y los abusos, mediante denuncias, textos, informes, estudios, imágenes y relatos públicos. Un trabajo tan insistente como los mismos prejuicios raciales en el país. Afirmé en la Contribución a la comprensión de la diferencia cultural (en compilación en prensa para el aniversario de la Universidad Nacional), que el aporte más notable  “es que ha incidido y continúa trabajando en la redefinición de una nación más incluyente; en particular, en la comprensión y el lugar sociopolítico de la diferencia cultural”. Los estudios sobre arqueología y prehistoria, antropología biológica y forense, organizaciones y relaciones sociales, patrimonio cultural, lingüística y antropología histórica, todos, apuntaron al mismo blanco: crear las bases de una sociedad más democrática, asentada en relaciones interculturales con las minorías étnicas y culturales.

La coyuntura propicia fue la reforma constitucional de 1991 y su reglamentación posterior. Para ese momento la Universidad Nacional ya llevaba  treinta años de estudios sobre los aportes de las sociedades amerindias y negras. El conocimiento acumulado ofrecía ya una aproximación sólida hacia estas sociedades, que socavaba muchos de los prejuicios y falsos supuestos y permitía avanzar hacia un nuevo modelo de respeto a la diferencia sociocultural. Estamos hablando de que una nueva política de interculturalidad  impacta el bienestar del 3.4% de la población nacional que son los indígenas – alrededor de 1.400.000  personas pertenecientes a 90 pueblos diferentes- con 64 lenguas habladas (Departamento Nacional de Planeación, 2011). La población negra se estimó en el censo de 2005 en 4.300.000 personas, habitantes principalmente en el litoral Pacífico, Antioquia, Bolívar y el  Valle del Cauca y con dos lenguas propias, la de los raizales de San Andrés y Providencia y el palenquero; los ROM o gitanos, fueron en 2005, 4.800 habitantes (Dane, 2007).

Durante la preparación del trabajo constituyente, el gobierno de César Gaviria impulsó la presentación de propuestas en cada región y en Bogotá. También se reunieron durante dos meses subcomisiones temáticas para acopiar planteamientos para los constituyentes. Participaron activamente profesores de la Universidad Nacional sobre los temas de su especialidad, que fueron una amplia gama, social, política, jurídica y económica. En las relaciones interétnicas tuve la oportunidad de coordinar la Subcomisión sobre Igualdad y Derechos Étnicos que operó entre octubre y diciembre de 1990. Participaron delegados indígenas y profesores de la Nacional. El resultado fue entregado a los constituyentes y alimentó el texto de nuevos derechos para los indígenas y una idea regente: modificar la identidad de la nación al reconocer “la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país”.

Las sociedades indígenas lograron en la Constitución garantías sobre el territorio, a la educación intercultural que valora la enseñanza de sus lenguas y tradiciones. Sus autoridades propias (cabildos y otros) y las autoridades espirituales (chamanes, mamos) obtuvieron competencia para resolver conflictos tales como disputas entre vecinos o familiares. La circunscripción nacional especial permitió elegir a tres parlamentarios (senado y cámara) al Congreso de la República. La Constitución permitió profundizar el derecho a la ampliación territorial que venía desde los años setenta pasados, de manera que Estado reconoció a los indígenas propiedad en común sobre 34 millones de hectáreas;  tituló 710 unidades como resguardos indígenas y en el Cauca, donde está la mayor concentración demográfica,  los indígenas se ampliaron sobre algo más de 150.000 hectáreas. Para llegar hasta allí fue mucho el empeño y los costos en vidas humanas de indígenas. También fue mucho el empeño de estudiantes y académicos de la Universidad Nacional, como el de otros universitarios,  para obtener estos logros, que si bien son aún parciales, sí han permitido mejorara condiciones de vida y dignidad personal de estos pueblos.     

La Constitución no solo consideró a lo indígena, sino también a otros grupos étnico culturales como las poblaciones negras, los raizales y ROM o gitanos. Sobre los negros o afromericanos, el trabajo sistemático de profesores de la Universidad Nacional, y muy especialmente el de Orlando Fals Borda, como constituyente,  y Jaime Arocha como investigador, impulsaron el artículo 55 Transitorio que hizo posible la Ley de Negritudes de 1993. El artículo 55 Transitorio recogió las propuestas de varias organizaciones negras del Chocó y el Litoral Pacífico sobre la necesidad de titulación colectiva de las tierras rurales ocupadas desde hacía tiempos por comunidades negras en la cuenca del Pacífico. También el reconocimiento del derecho a trato respetuoso y a la no discriminación.

La comisión especial sobre comunidades negras sesionó entre 1992 y 1993, con participación de delegados comunitarios, institucionales y de expertos de la Universidad Nacional. Su resultado de consenso fue plasmado en la Ley de Negritudes de 1993. Lo más importante fue reconocer derechos a la propiedad colectiva sobre áreas de la cuenca del Pacífico demarcadas con posterioridad. Pese a las grandes dificultades que implicó la violencia que avanzó sobre la región desde 1994, el Dane registró 132 territorios colectivos sobre 4.717.000 de hectáreas hasta hace unos años. Los derechos étnicos y contra la discriminación racial, proclamaron para toda la población negra del país. Por su parte,  los ROM obtuvieron reconocimiento legal como grupo étnico en 1999.

En conclusión, la contribución de la Universidad Nacional en la interculturalidad, como política y como ideal de convivencia, apunta a avanzar en democracia y civilización, pues, como lo dijo  Tzvetan Todorov “El mutuo reconocimiento es un paso hacia la civilización” (Todorov, 2014, p.284).