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Iván Mordisco y el asesinato de indígenas en el Cauca

 

Está en: UN Periódico Digital/Iván Mordisco y el asesinato de indígenas en el Cauca. https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/ivan-mordisco-y-el-asesinato-de-indigenas-en-el-cauca/

 

Myriam Jimeno Santoyo- Profesora Emérita de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

 

Iván Mordisco es protagonista en las noticias que suceden sobre el asesinato de indígenas en el Cauca. Él, un exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora está dedicado –junto con disidentes del proceso de paz y otros delincuentes– al negocio ilegal de marihuana y coca, negocio que defiende ferozmente de los competidores de otros “combos”, tan bien armados como el de él. Ante todo atacan la negativa de autoridades y líderes indígenas nasa de doblegarse ante ellos y entregarles su territorio. Iván defiende su tráfico, no a mordiscos, sino más exactamente con fusiles M-60.

Los cultivos cuyo producto codician crecen desde hace varios años en las montañas abruptas del norte del Cauca, zona montañosa del suroccidente colombiano enclavada entre el Pacífico y los Andes. Región de gran pobreza rural que fuera sede de la minería del oro en tiempo de la colonia española, cobija una de las mayores poblaciones amerindias de Colombia, con alrededor de 250.000 Nasa y Misak y Embera.

Los nasa ocupan hoy cerca de 400.000 hectáreas, discontinuas y escarpadas, en los costados de los ramales en que se divide allí la cordillera de los Andes. Estas tierras han sido legalmente reconocidas tras luchas que vienen desde los tiempos del dominio español y que han costado miles de vidas.

Desde el inicio de los años setenta los nasa soportaron su lucha a partir de la organización Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), cuyo lema inicial era “Tierra y Cultura”. Entonces la respuesta de los hacendados fue la violencia selectiva contra líderes del movimiento y el azuzamiento de los cuerpos policiales contra la toma de tierras y las movilizaciones sociales.

En 1974, a dos años de creado el CRIC, fue asesinado el activista no indígena Gustavo Mejía, uno de los grandes impulsores de la organización. Y continuaron los asesinatos selectivos, pero la organización perseveró hasta convertirse en actor de la reforma constitucional de 1991, que avanzó en el reconocimiento de formas de autonomía territorial y en la declaración del respeto a la diversidad étnica y cultural.

Ahora son cuatro los pilares de la organización indígena: Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía. El ejercicio de la autonomía es la “piedra de toque” de la ola de violencia que los sacude. En estas décadas de lucha desde 1971 lograron recuperar cerca de 150.000 hectáreas en lo que ellos llaman “el proceso de recuperación”; afirman “el derecho mayor” o justicia propia, y se empeñan en forjar la economía y el pensamiento propios. Así, lograron enunciar y poner en marcha una política cultural de identidad y reconocimiento, construida en medio de tensas relaciones interétnicas y de poder.

 

 

Hacia 2007 revivieron una vieja tradición de resguardo del territorio: la organización de hombres –ahora también mujeres– que lo recorren en señal de respeto y protección, investidos con los símbolos de la autoridad tradicional. A raíz de la agudización del conflicto interno colombiano, entre 1995 y 2005, cuando paramilitares de extrema derecha y guerrillas de varios credos se disputaron el Cauca, la guardia revivió como mecanismo de protección civil. Sin armas, con solo un corto bastón de madera encintado con los colores que representan la identidad del movimiento indígena, verde y rojo, invocan la inviolabilidad del territorio y se han enfrentado a delincuentes, secuestradores y muchos invasores.

 

 “Nos matan si callamos”

Esa guardia es el principal pero no el único blanco de las masacres ocurridas desde agosto de este año, desde cuando ya se cuentan 126 indígenas muertos. La del 29 de octubre conmovió al país pues murieron 5 personas incluyendo a Cristina Bautista, una decidida mujer que ejercía como dirigente del cabildo indígena local, justamente el de Toribío, donde se fundó el CRIC en febrero de 1971. Cristina era nej.wesx, o autoridad ancestral, y fue baleada junto con cuatro jóvenes de la guardia indígena por asesinos de un Dagoberto Ramos, aliado de Iván Mordisco.

La razón, detener un carro de los traficantes con personas secuestradas, pero, sobre todo, no entregarse a los narcotraficantes, empeñarse en ejercer autonomía. Cristina, ya baleada, llamó refuerzos de la guardia, que llegaron al sitio, pero entonces fueron heridos 6 guardias más; la madera sagrada no pudo detener el acero del fusil M-60.

Esta autoridad ancestral había declarado a la televisión lo que es un lema colectivo: “nos matan si callamos y si hablamos nos matan. No callaremos”. El resultado han sido “Más de 120 indígenas asesinados en 14 meses por culpa de la coca”, según publicó el diario El Tiempo el 3 de noviembre, mismo día en que sacaron de su casa y asesinaron a un líder nasa defensor de derechos humanos que había ayudado a conformar una estructura llamada “Avelino Ul”, nombre de un líder asesinado años atrás.

Esa organización tiene como misión trabajar para evitar que los jóvenes y niños sean reclutados por estos grupos de narcotraficantes, y que acepten los halagos de dinero y lujosas motos que les ofrecen como pago por la cabeza de cada uno de los líderes que se les oponen. Él era “sincero, claro y duro para decir las cosas”, dice una líder nasa que lo conoció, pues había señalado sin tapujos el drama que viven las comunidades con algunos de sus jóvenes.

Pero, ante 36 miembros de cabildo asesinados este año, ante el registro de poco menos 30.000 casos reportados de violaciones a los derechos humanos de indígenas entre 2018 y 2019, ¿qué hace el Estado?

En el Cauca permanecen tropas del Ejército Nacional y policías, quienes bordean las principales vías. Pronto vendrán varios miles más, anuncia el Gobierno como la gran medida de respuesta. Pero esto no ha impedido los asesinatos: el Gobierno critica a los indígenas por desconfiar de la militarización, pero el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, es elocuente: “se perciben los soldados en las vías de manera muy estática, mientras se mueven con toda tranquilidad esas personas que están dedicadas a asesinar a los indígenas, especialmente a la guardia indígena. Y la omisión es tan evidente que genera sospechas de vinculación. Creo que lo primero es que se concierte con los indígenas una acción rápida y de fondo […]”. (El Espectador, 8 de noviembre de 2019, “No solo es Botero”, pp. 22). Eso es justamente lo que claman las comunidades: acciones integrales y de fondo.

 

El panorama

A plena luz del día e iluminados de noche, florecen los cultivos de marihuana por el norte del Cauca. En el sur está la coca y por todos lados su desecho, el bazuco. ¿Por dónde pasan los cargamentos y los armados? se preguntan todos. La comunidad indígena pide a gritos que se cumplan acuerdos ya pactados sobre inversión social en el territorio, comercialización de los productos agrícolas, educación propia y, lo más urgente en este momento, que se ponga en marcha el plan ya formulado de sustitución voluntaria para quienes tienen cultivos de uso ilícito. Pese a que es plan oficial de desarrollo, no se logra poner en marcha; es que la nueva política desconfía de la sustitución de cultivos por las comunidades.

Lo que se vive es el mayor desafío que enfrentan la organización indígena y la sociedad colombiana, retadas por criminales muy bien financiados, y armados, que corroen el alma misma de las comunidades. No solo están en el Cauca, se sabe de ellos en muchos otros sitios y en todos acorralan a los pobladores; el Estado parece inferior, desbordado y corto de soluciones. Cuando creímos haber superado el conflicto interno, la economía ilegal de nuevo penetra sectores, infiltra la política local, encuentra aliados y “se extiende más allá de los crímenes que cometen las guerrillas, las bandas criminales y sus grupos de apoyo, al igual que sucedió hace años”, afirma el analista Armando Montenegro en su columna “Narcotráfico y sociedad”.

No queda más que el empeño por derrotarlos, por aprender de la tenacidad del movimiento indígena que sabe lo que es resistir para sobrevivir.

El coordinador de la guardia indígena afirmó: “necesitamos presencia institucional […] pero no solo reacción militar. El Gobierno debe llegar con toda su capacidad y debe además fortalecer […] las estrategias de control y justicia en los territorios indígenas”. (La militarización del Cauca traerá más muertos).

En efecto, lo que se necesita es control y justicia dentro del respeto que ya se tienen ganado de la sociedad entera. “Vivimos porque peleamos contra el poder invasor”, reza el himno de la guardia, “y seguiremos peleando mientras no se apague el Sol”.