Artículo publicado en Revista Semana, febrero de 2017. 

*Myriam Jimeno, Ph.D en Antropología
Profesora Titular jubilada Universidad Nacional de Colombia

El Museo de Bogotá exhibió en días pasados una fotografía tomada  a finales del siglo XIX por un embajador francés en Colombia: Indígenas de Novirao, Cauca, 1889. Tres hombres jóvenes, de baja estatura, con ruana y pies descalzos, nos miran abatidos. Los antropólogos de los años cuarenta y cincuenta del siglo veinte nos describen similares indígenas en  varias partes de Colombia. Empobrecidos y apocados, considerados como un lastre para el desarrollo, estaban a merced de hacendados y misioneros encargados de su cristianización y castellanización. Ni por asomo se pensaba que tenían historia y culturas de las que podemos aprender. O por lo menos debemos respetar. Peones o servicio doméstico eran su destino vital y a sus hijos los solían confinar en internados, lejos de sus padres, para que perdieran su lengua y visión del mundo.  La integración a la nación por lo bajo era el modelo.

Pero desde el final de los años sesenta del siglo veinte se consolidó lentamente un movimiento social que reivindicó respeto a las sociedades indígenas, no pago de tributo por cultivar en tierras ajenas, recuperación de las tierras comunales despojadas, educación propia, respeto por sus autoridades y lenguas. En muchas regiones se crearon organizaciones que reclamaron nuevos derechos ciudadanos dentro de su particularidad cultural. Obtuvieron el principal reconocimiento en la Constitución Política de 1991. Fue un cambio del modelo de la integración vertical hacia la interculturalidad, lo que significa relaciones y comunicación horizontales, en plano de respeto e igualdad entre los diferentes.

¿Cómo se llegó a ese cambio social aún en proceso y con mucho camino por recorrer?  El gran aporte de la Universidad Nacional de Colombia se dio en dos planos: por un lado en el conocimiento sistemático de la riqueza y la variedad cultural de los pueblos de origen amerindio y los descendientes de los esclavizados en África. Por el otro, en la información para socavar el racismo, los prejuicios y los abusos, mediante denuncias, textos, informes, estudios, imágenes y relatos públicos. Un trabajo tan insistente como los mismos prejuicios raciales en el país. Afirmé en la Contribución a la comprensión de la diferencia cultural (en compilación en prensa para el aniversario de la Universidad Nacional), que el aporte más notable  “es que ha incidido y continúa trabajando en la redefinición de una nación más incluyente; en particular, en la comprensión y el lugar sociopolítico de la diferencia cultural”. Los estudios sobre arqueología y prehistoria, antropología biológica y forense, organizaciones y relaciones sociales, patrimonio cultural, lingüística y antropología histórica, todos, apuntaron al mismo blanco: crear las bases de una sociedad más democrática, asentada en relaciones interculturales con las minorías étnicas y culturales.

La coyuntura propicia fue la reforma constitucional de 1991 y su reglamentación posterior. Para ese momento la Universidad Nacional ya llevaba  treinta años de estudios sobre los aportes de las sociedades amerindias y negras. El conocimiento acumulado ofrecía ya una aproximación sólida hacia estas sociedades, que socavaba muchos de los prejuicios y falsos supuestos y permitía avanzar hacia un nuevo modelo de respeto a la diferencia sociocultural. Estamos hablando de que una nueva política de interculturalidad  impacta el bienestar del 3.4% de la población nacional que son los indígenas – alrededor de 1.400.000  personas pertenecientes a 90 pueblos diferentes- con 64 lenguas habladas (Departamento Nacional de Planeación, 2011). La población negra se estimó en el censo de 2005 en 4.300.000 personas, habitantes principalmente en el litoral Pacífico, Antioquia, Bolívar y el  Valle del Cauca y con dos lenguas propias, la de los raizales de San Andrés y Providencia y el palenquero; los ROM o gitanos, fueron en 2005, 4.800 habitantes (Dane, 2007).

Durante la preparación del trabajo constituyente, el gobierno de César Gaviria impulsó la presentación de propuestas en cada región y en Bogotá. También se reunieron durante dos meses subcomisiones temáticas para acopiar planteamientos para los constituyentes. Participaron activamente profesores de la Universidad Nacional sobre los temas de su especialidad, que fueron una amplia gama, social, política, jurídica y económica. En las relaciones interétnicas tuve la oportunidad de coordinar la Subcomisión sobre Igualdad y Derechos Étnicos que operó entre octubre y diciembre de 1990. Participaron delegados indígenas y profesores de la Nacional. El resultado fue entregado a los constituyentes y alimentó el texto de nuevos derechos para los indígenas y una idea regente: modificar la identidad de la nación al reconocer “la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país”.

Las sociedades indígenas lograron en la Constitución garantías sobre el territorio, a la educación intercultural que valora la enseñanza de sus lenguas y tradiciones. Sus autoridades propias (cabildos y otros) y las autoridades espirituales (chamanes, mamos) obtuvieron competencia para resolver conflictos tales como disputas entre vecinos o familiares. La circunscripción nacional especial permitió elegir a tres parlamentarios (senado y cámara) al Congreso de la República. La Constitución permitió profundizar el derecho a la ampliación territorial que venía desde los años setenta pasados, de manera que Estado reconoció a los indígenas propiedad en común sobre 34 millones de hectáreas;  tituló 710 unidades como resguardos indígenas y en el Cauca, donde está la mayor concentración demográfica,  los indígenas se ampliaron sobre algo más de 150.000 hectáreas. Para llegar hasta allí fue mucho el empeño y los costos en vidas humanas de indígenas. También fue mucho el empeño de estudiantes y académicos de la Universidad Nacional, como el de otros universitarios,  para obtener estos logros, que si bien son aún parciales, sí han permitido mejorara condiciones de vida y dignidad personal de estos pueblos.     

La Constitución no solo consideró a lo indígena, sino también a otros grupos étnico culturales como las poblaciones negras, los raizales y ROM o gitanos. Sobre los negros o afromericanos, el trabajo sistemático de profesores de la Universidad Nacional, y muy especialmente el de Orlando Fals Borda, como constituyente,  y Jaime Arocha como investigador, impulsaron el artículo 55 Transitorio que hizo posible la Ley de Negritudes de 1993. El artículo 55 Transitorio recogió las propuestas de varias organizaciones negras del Chocó y el Litoral Pacífico sobre la necesidad de titulación colectiva de las tierras rurales ocupadas desde hacía tiempos por comunidades negras en la cuenca del Pacífico. También el reconocimiento del derecho a trato respetuoso y a la no discriminación.

La comisión especial sobre comunidades negras sesionó entre 1992 y 1993, con participación de delegados comunitarios, institucionales y de expertos de la Universidad Nacional. Su resultado de consenso fue plasmado en la Ley de Negritudes de 1993. Lo más importante fue reconocer derechos a la propiedad colectiva sobre áreas de la cuenca del Pacífico demarcadas con posterioridad. Pese a las grandes dificultades que implicó la violencia que avanzó sobre la región desde 1994, el Dane registró 132 territorios colectivos sobre 4.717.000 de hectáreas hasta hace unos años. Los derechos étnicos y contra la discriminación racial, proclamaron para toda la población negra del país. Por su parte,  los ROM obtuvieron reconocimiento legal como grupo étnico en 1999.

En conclusión, la contribución de la Universidad Nacional en la interculturalidad, como política y como ideal de convivencia, apunta a avanzar en democracia y civilización, pues, como lo dijo  Tzvetan Todorov “El mutuo reconocimiento es un paso hacia la civilización” (Todorov, 2014, p.284).

Artículo publicado en Razón Púbica el 23 de abril de 2017

A pesar de las leyes, las cifras siguen siendo deplorables. Por eso hay que buscar más hondo, en la romantización del amor, en el supuesto de que el agresor es un enfermo, o en la creencia de que razón y emoción son cosas separadas. Una mirada crítica sobre ideas que damos por sentadas.

Myriam Jimeno

Leyes insuficientes

Los homicidios en Colombia han venido disminuyendo a lo largo de la última década, pero no puede decirse lo mismo de la violencia contra las mujeres. Durante los últimos cinco años han ocurrido 345 feminicidios, y en 2016 casi 50.000 mujeres denunciaron ante Medicina Legal haber sufrido maltrato en la familia y 122 fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, en contraposición con los 40 hombres asesinados por la misma causa en ese mismo año.

Este año van 24 mujeres asesinadas por sus novios o cónyuges y hay 39.000 medidas de protección solicitadas por violencia intrafamiliar. ¿Qué nos pasa?

En 2008 se expidió la Ley 1257 que endurecía las penas contra los agresores, indicaba una ruta de protección para las víctimas y acuñaba el término “feminicidio” como un tipo particularmente grave de homicidio cuyas penas no admiten rebajas.

El endurecimiento legal responde a una tendencia latinoamericana que busca acabar con la impunidad y la laxitud frente a la violencia contra la mujer. Pero no parece todavía hacer mella en la coraza dura de los victimarios, que por lo demás parecen personas comunes y corrientes.

Por esa razón hay que explorar un poco más hondo, en las profundidades de las relaciones sociales entre hombres y mujeres y en los trazos culturales que las modelan, para comprender las causas de esta violencia.

Tres causas profundas

Así, aunque el papel de las mujeres en la sociedad se ha transformado y hoy en Colombia están entre las más educadas, forman parte importante de la fuerza de trabajo y avanzan en independencia, en el campo de la violencia el cambio aún es precario.Las ideas, valoraciones, supuestos y afectos sobre los cuales descansan nuestras actitudes y acciones tienen una larga historia de conformación. Por eso no cambian fácil. El sociólogo Norbert Elias decía que es muy importante entender que nuestra modelación afectiva es el resultado de un largo proceso de creación y que está en continuo cambio. Pero la transformación de las orientaciones culturales no es uniforme ni continua y sí, más bien, contradictoria y ambigua.

¿Puede ser justamente el miedo de los hombres a perder el control histórico lo que causa esta violencia? Tal vez. Pero lo que se constata cuando se estudian los casos de crímenes de pareja es la presencia reiterada de ciertos ejes culturales que parecen ser la causa y el soporte de la violencia contra las mujeres. Estos ejes culturales son básicamente tres conjuntos de ideas y prácticas.

El primero de ellos es la romantización del amor que se arraigó en Occidente a partir del siglo XVIII. Consiste en considerar el vínculo amoroso como algo sin contradicciones, sublime y, en lo posible, eterno. Se basa en la idea de que dos se convierten en uno. La imagen más conocida en este sentido es la de la media naranja. Esta manera de comprender el amor destierra las tensiones y diferencias de la convivencia al campo oscuro de lo indeseable y de lo que no estamos preparados para manejar.

La romantización incluye la idea de la apropiación de la mujer por parte del hombre, con lo cual queda en evidencia también una clara jerarquía de género. La mujer puede ser exhibida como una prenda hermosa y el varón supone que adquiere el poder para garantizar y premiar la sumisión de su pareja con regalos y dinero. Pero con esto –y de allí surge el soporte de la violencia– también adquiere el poder de castigar sus supuestas fallas o insubordinaciones. Lo dice así la canción “Mi propiedad privada”: “Para que sepan todos que tú me perteneces / con sangre de mis venas te marcaré la frente”.

Además, la romantización también trae consigo la idea de que el amor llega a excesos, como morir o matar por amor. Lo canta José Feliciano en “Amor gitano”: “No quiero la vida si he de verte ajena”– y el bolero que dice “Yo tuve que matar a un ser que quise amar”. Una y otra vez esta idea es invocada por los defensores de los victimarios, y no pocas veces con éxito.

El segundo conjunto de ideas y prácticas que sustentan estas conductas es el que ve la violencia contra la mujer como expresión de la locura. Afirman que quien haya sido violento debió estar fuera de sus cabales o padecer algún trastorno metal, así haya sido por un momento.

Esta postura oculta la violencia usada como instrumento de sumisión y castigo, esconde su uso deliberado y usualmente reiterado antes del crimen final. Los defensores acuden así a especialistas del trastorno mental con el propósito de que se excuse al homicida de sus actos. De este modo se crea toda una rama de legistas especializados en examinar y dictaminar acerca de la salud mental del violento. Pero la evidencia muestra que, lejos de ser loca, la violencia suele emplearse de manera deliberada e inclusive planificada.

En relación con esto, es necesario trabajar fuertemente para que la violencia deje de ser uno de los ingredientes de la formación y afirmación de la masculinidad. Todavía es común que los padres animen a sus hijos con frases como “no se deje, no sea nena”, y los niños crecen viendo imágenes de superhéroes violentos.

Finalmente, la idea de que la razón y las emociones son dos aspectos separados del ser humano también ha sustentado la violencia contra las mujeres. Los celos, la rabia o el miedo de perder a la pareja son argumentos que han pretendido justificar la violencia entre parejas. Hizo carrera la idea de que las emociones son irracionales, súbitas y a veces incontrolables. Pero la verdad es que nuestra valoración afectiva del entorno y de la experiencia social es algo que aprendemos, y pensamiento y emoción son dos aspectos inseparables.

El énfasis sobre los sentimientos personales y su fuerza particular instalaron de nuevo las viejas ideas del honor que se defiende en los crímenes; le dieron impulso a esta suposición de que existe una división radical entre emoción y razón, como si no fueran ambas una unidad que motiva las acciones humanas.

Solo el cambio profundo en los tres ejes culturales mencionados, infundido desde temprano en los hombres y las mujeres, permitirá que los objetivos que se han propuesto las leyes sobre feminicidio se hagan realidad y se vean reflejados en la equidad dentro de las relaciones amorosas. O como lo dice de manera ruda la frase que circula en campañas contra la violencia: “Para decir ni una menos, hay que dejar de criar princesas indefensas y machitos violentos”.

http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10201-el-feminicidio-est%C3%A1-arraigado-en-la-cultura.html

Con esa frase Tzvetan Todorov (Sofía 1939- Paris 2017) resumió su argumento de enorme vigencia en el mundo de los Trump. Ya desde 2008 recurrió a la historia, la antropología y la filosofía para cuestionar  el ascenso de la ola de xenofobia, anti inmigración y anti islamismo que pretende barrer los valores de respeto y tolerancia a la diversidad sociocultural que con dificultad y tropiezos venimos cimentando (El miedo a los bárbaros. Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2008).

La política del miedo se hace fuerte desde la última década en los antiguos países coloniales y en los Estados Unidos y se amplía por el mundo; pretende enfrentar el resentimiento y el sentimiento de humillación de quienes fueron sojuzgados por el colonialismo mediante la mano militar, pero sobre todo, alimentando el miedo a los extranjeros y en general a la diferencia cultural. La lucha llamada antiterrorista sirve a los políticos, que alientan el miedo de la población a encontrase cara a cara con “el bárbaro”, esto es el que habla, come, cree, o se viste distinto. Esta política del miedo, dice Todorov, “destruye al mundo occidental desde dentro, porque para defender los valores democráticos que tanto queremos nos vemos abocados a renunciar a ellos” (pp. 19). Lo “único que [se] consigue es alimentar el resentimiento de la población” (pp.19).

“Ninguna cultura es en sí misma bárbara, y ningún pueblo es definitivamente civilizado. Todos pueden convertirse tanto en una cosa como en la otra” (pp. 79). Todorov afirma que debemos celebrar, aceptar e incentivar la pluralidad que es en últimas la que permite la unidad enriquecida y es la que le permite un futuro a la civilización. La civilización consiste en “la capacidad de ver a los otros como otros […] y admitir que son tan humanos como nosotros” (pp.278). “El mutuo reconocimiento es un paso hacia la civilización” (pp.284).

González, Fernán. 2016. Reseña del libro “Después de la masacre: emociones y política en el Cauca indio” de Myriam Jimeno, Ángela Castillo y Daniel Varela. 2015. Bogotá: ICANH y el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad Nacional de Colombia. Revista Antípoda, No 24. Enero – Abril, pp. 153-156.

http://dx.doi.org/10.7440/antipoda24.2016.09

Para acceder a la reseña hacer clic aquí: Reseña Después de la masacre.

Durante el segundo semestre del 2015 el Centro de Estudios Sociales CES realizará un ciclo de conversatorios en el marco de la conmemoración de los 30 años del Centro. Los protagonistas son profesores que cuyas trayectorias han aportado a la construcción de conocimiento en el CES y han trazado derroteros de crecimiento intelectual y académico para estudiantes y docentes, con una importante incidencia social. En la sesión del 13 de agosto la invitada fue Myriam Jimeno. Pueden acceder a la presentación que recoge varios momentos claves de su trayectoria. Conversatorio CES

Para descargar diríjase al enlace Libros.

by Myriam Jimeno

Hablar y demandar justicia llevó a los indígenas de este caso a acciones de participación ciudadana, a dejar atrás el papel de víctima pasiva para dar paso a la participación política. Pero también abrió la posibilidad de un ataque por los victimarios, aún con poder en la sociedad. En muchas regiones del país subsisten grupos armados que estuvieron ligados a las AUC, y tanto ellos como algunos de sus instigadores e ideólogos civiles conservan redes de apoyo e influencia en la vida local y nacional. Esto puede echar por tierra las aspiraciones de justicia y de reparación de las víctimas y socavar la instauración de los acuerdos de paz, pues ya han asesinado a un número importante de reclamantes y activistas. En esa tensión se mueve el proceso actual de búsqueda de acuerdos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)² y el posconflicto.

Ya hay una avalancha de miles de víctimas del conflicto interno animadas a testimoniar a partir de la entrega de armas de los paramilitares entre el 2004 y el 2005, regida por la Ley de Justicia y Paz (2005). Las cifras oficiales de la Unidad de Víctimas hablan de cinco millones y medio entre muertos y desplazados desde 1984.

Niños de la comunidad de Kitek Kiwe en la séptima conmemoración de la masacre del Naya realizada en Timba, Cauca. Abril de 2008.

Fotografía de Ángela Castillo.

Preguntar y contar han sido los medios para que Lisinia recobrara el habla perdida, venciera el miedo que la encerró durante varios meses en el pueblo al que huyó con sus tres hijos, y se animara a respaldar la creación de una organización que busca verdad, justicia y reparación. Tres palabras que suenan a consigna hasta que uno presencia la situación de los pobladores rurales que han sufrido el acoso de guerrillas y paramilitares en el ciclo de violencia entre 1984 y 2014. Hasta que uno ve los rostros de mujeres, adultos o jóvenes, indígenas, afro o campesinos, contenidos por la posibilidad de que se repita la violencia. En ellos es evidente que la acción de violencia afecta a los cuerpos tanto como a la personalidad, la identidad y el sentido de sí mismo (Nordstrom 2002). En esas comunidades donde el agua es un lujo y sólo el celular vence los obstáculos de los caminos intransitables, todavía hoy hombres en armas instalan “cocinas” de producción del alcaloide de la coca, ignorados por las autoridades locales.

Por esto el testimonio de las víctimas y su poder de cimentar nuevas reglas de convivencia (Mate 2008) dependen de que se cumplan algunas condiciones. En primer lugar, que se proteja a quienes se atreven a compartir el dolor infligido y a demandar justicia. En segundo lugar, que se escuche al espectro de dolientes sin privilegios ni censuras, de manera que no se dé pie para que quienes se sientan excluidos recurran de nuevo a las vías de hecho. Y, finalmente, que el atractivo mercado ilegal de cocaína no recicle a muchos combatientes.

La movilización política de las víctimas en Colombia es una acción de afirmación de ciudadanía que pasa por la recomposición emocional de los sujetos y por la transformación de los lazos emocionales de empatía e identificación en acciones políticas (Jimeno 2010). La categoría de víctima que testimonia tiende el puente entre lo meramente subjetivo, personal, y lo público, compartido. Se trata de crear comunidades emocionales en las cuales el dolor compartido trasciende la indignación y alimenta la organización y la movilización (Jimeno 2010).

La teoría social debe trabajar conceptualmente el entendimiento de que las personas no sólo expresan sus emociones dolorosas como uno de los medios para lidiar con ellas, sino que compartirlas es fuente de solidaridad y justicia y, como crítica social, es afirmación de civilidad.

Myriam Jimeno es profesora de planta en el Centro de Estudios Sociales en la Universidad Nacional de Colombia.

Referencias

Jimeno, Myriam. 2010. “Emoções e Política: A Vítima e a Construção de Comunidades Emocionais.” Mana: Estudos de Antropologia Social 16, no. 1: 99–121.

Nordstrom, Carolyn. 2002. “Terror Warfare and the Medicine of Peace.” In Violence: A Reader, edited by Catherine Besteman, 273–96. New York: New York University Press.

Mate, Reyes. 2008. Justicia de las Víctimas: Terrorismo, Memoria, Reconciliación. Barcelona: Anthropos Editorial.

Notas

1. Autodefensas Unidas de Colombia fue el nombre que adoptó durante los años noventa la unión de fuerzas irregulares antiguerrilleras en Colombia.

2. Las FARC son la guerrilla más antigua del país.

http://www.culanth.org/fieldsights/673-si-nos-mataron-callados-ahora-que-nos-maten-hablando-el-poder-del-testimonio-en-el-posconflicto