Artículo publicado en Revista Semana, febrero de 2017.
*Myriam Jimeno, Ph.D en Antropología
Profesora Titular jubilada Universidad Nacional de Colombia
El Museo de Bogotá exhibió en días pasados una fotografía tomada a finales del siglo XIX por un embajador francés en Colombia: Indígenas de Novirao, Cauca, 1889. Tres hombres jóvenes, de baja estatura, con ruana y pies descalzos, nos miran abatidos. Los antropólogos de los años cuarenta y cincuenta del siglo veinte nos describen similares indígenas en varias partes de Colombia. Empobrecidos y apocados, considerados como un lastre para el desarrollo, estaban a merced de hacendados y misioneros encargados de su cristianización y castellanización. Ni por asomo se pensaba que tenían historia y culturas de las que podemos aprender. O por lo menos debemos respetar. Peones o servicio doméstico eran su destino vital y a sus hijos los solían confinar en internados, lejos de sus padres, para que perdieran su lengua y visión del mundo. La integración a la nación por lo bajo era el modelo.
Pero desde el final de los años sesenta del siglo veinte se consolidó lentamente un movimiento social que reivindicó respeto a las sociedades indígenas, no pago de tributo por cultivar en tierras ajenas, recuperación de las tierras comunales despojadas, educación propia, respeto por sus autoridades y lenguas. En muchas regiones se crearon organizaciones que reclamaron nuevos derechos ciudadanos dentro de su particularidad cultural. Obtuvieron el principal reconocimiento en la Constitución Política de 1991. Fue un cambio del modelo de la integración vertical hacia la interculturalidad, lo que significa relaciones y comunicación horizontales, en plano de respeto e igualdad entre los diferentes.
¿Cómo se llegó a ese cambio social aún en proceso y con mucho camino por recorrer? El gran aporte de la Universidad Nacional de Colombia se dio en dos planos: por un lado en el conocimiento sistemático de la riqueza y la variedad cultural de los pueblos de origen amerindio y los descendientes de los esclavizados en África. Por el otro, en la información para socavar el racismo, los prejuicios y los abusos, mediante denuncias, textos, informes, estudios, imágenes y relatos públicos. Un trabajo tan insistente como los mismos prejuicios raciales en el país. Afirmé en la Contribución a la comprensión de la diferencia cultural (en compilación en prensa para el aniversario de la Universidad Nacional), que el aporte más notable “es que ha incidido y continúa trabajando en la redefinición de una nación más incluyente; en particular, en la comprensión y el lugar sociopolítico de la diferencia cultural”. Los estudios sobre arqueología y prehistoria, antropología biológica y forense, organizaciones y relaciones sociales, patrimonio cultural, lingüística y antropología histórica, todos, apuntaron al mismo blanco: crear las bases de una sociedad más democrática, asentada en relaciones interculturales con las minorías étnicas y culturales.
La coyuntura propicia fue la reforma constitucional de 1991 y su reglamentación posterior. Para ese momento la Universidad Nacional ya llevaba treinta años de estudios sobre los aportes de las sociedades amerindias y negras. El conocimiento acumulado ofrecía ya una aproximación sólida hacia estas sociedades, que socavaba muchos de los prejuicios y falsos supuestos y permitía avanzar hacia un nuevo modelo de respeto a la diferencia sociocultural. Estamos hablando de que una nueva política de interculturalidad impacta el bienestar del 3.4% de la población nacional que son los indígenas – alrededor de 1.400.000 personas pertenecientes a 90 pueblos diferentes- con 64 lenguas habladas (Departamento Nacional de Planeación, 2011). La población negra se estimó en el censo de 2005 en 4.300.000 personas, habitantes principalmente en el litoral Pacífico, Antioquia, Bolívar y el Valle del Cauca y con dos lenguas propias, la de los raizales de San Andrés y Providencia y el palenquero; los ROM o gitanos, fueron en 2005, 4.800 habitantes (Dane, 2007).
Durante la preparación del trabajo constituyente, el gobierno de César Gaviria impulsó la presentación de propuestas en cada región y en Bogotá. También se reunieron durante dos meses subcomisiones temáticas para acopiar planteamientos para los constituyentes. Participaron activamente profesores de la Universidad Nacional sobre los temas de su especialidad, que fueron una amplia gama, social, política, jurídica y económica. En las relaciones interétnicas tuve la oportunidad de coordinar la Subcomisión sobre Igualdad y Derechos Étnicos que operó entre octubre y diciembre de 1990. Participaron delegados indígenas y profesores de la Nacional. El resultado fue entregado a los constituyentes y alimentó el texto de nuevos derechos para los indígenas y una idea regente: modificar la identidad de la nación al reconocer “la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país”.
Las sociedades indígenas lograron en la Constitución garantías sobre el territorio, a la educación intercultural que valora la enseñanza de sus lenguas y tradiciones. Sus autoridades propias (cabildos y otros) y las autoridades espirituales (chamanes, mamos) obtuvieron competencia para resolver conflictos tales como disputas entre vecinos o familiares. La circunscripción nacional especial permitió elegir a tres parlamentarios (senado y cámara) al Congreso de la República. La Constitución permitió profundizar el derecho a la ampliación territorial que venía desde los años setenta pasados, de manera que Estado reconoció a los indígenas propiedad en común sobre 34 millones de hectáreas; tituló 710 unidades como resguardos indígenas y en el Cauca, donde está la mayor concentración demográfica, los indígenas se ampliaron sobre algo más de 150.000 hectáreas. Para llegar hasta allí fue mucho el empeño y los costos en vidas humanas de indígenas. También fue mucho el empeño de estudiantes y académicos de la Universidad Nacional, como el de otros universitarios, para obtener estos logros, que si bien son aún parciales, sí han permitido mejorara condiciones de vida y dignidad personal de estos pueblos.
La Constitución no solo consideró a lo indígena, sino también a otros grupos étnico culturales como las poblaciones negras, los raizales y ROM o gitanos. Sobre los negros o afromericanos, el trabajo sistemático de profesores de la Universidad Nacional, y muy especialmente el de Orlando Fals Borda, como constituyente, y Jaime Arocha como investigador, impulsaron el artículo 55 Transitorio que hizo posible la Ley de Negritudes de 1993. El artículo 55 Transitorio recogió las propuestas de varias organizaciones negras del Chocó y el Litoral Pacífico sobre la necesidad de titulación colectiva de las tierras rurales ocupadas desde hacía tiempos por comunidades negras en la cuenca del Pacífico. También el reconocimiento del derecho a trato respetuoso y a la no discriminación.
La comisión especial sobre comunidades negras sesionó entre 1992 y 1993, con participación de delegados comunitarios, institucionales y de expertos de la Universidad Nacional. Su resultado de consenso fue plasmado en la Ley de Negritudes de 1993. Lo más importante fue reconocer derechos a la propiedad colectiva sobre áreas de la cuenca del Pacífico demarcadas con posterioridad. Pese a las grandes dificultades que implicó la violencia que avanzó sobre la región desde 1994, el Dane registró 132 territorios colectivos sobre 4.717.000 de hectáreas hasta hace unos años. Los derechos étnicos y contra la discriminación racial, proclamaron para toda la población negra del país. Por su parte, los ROM obtuvieron reconocimiento legal como grupo étnico en 1999.
En conclusión, la contribución de la Universidad Nacional en la interculturalidad, como política y como ideal de convivencia, apunta a avanzar en democracia y civilización, pues, como lo dijo Tzvetan Todorov “El mutuo reconocimiento es un paso hacia la civilización” (Todorov, 2014, p.284).
